La delegación del Parlamento Europeo que ha visitado España para evaluar cómo va la ejecución de los fondos de recuperación ya tiene un veredicto. La misión, encabezada por la eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), Monika Hohlmeier, ha querido enviar un mensaje tranquilizador y ha asegurado que "no hay perspectiva de cortarle el grifo a España de ninguna manera".

Hohlmeier, que preside la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, ha pedido mejorar la cogobernanza con las CC AA y otras administraciones en la gestión del plan y ha destacado que España es el país que más rápido ha recibido los fondos y que más rápido se está esforzando en ejecutarlos. 

El tono moderado de Hohlmeier ha contrastado con los agrios intercambios de reproches que habían calentado la visita de la comitiva los días previos. La eurodiputada acusó a Calviño de filtrar información a la prensa y varios eurodiputados que inicialmente se iban a apuntar a la misión optaron por no hacerlo al considerar que se había politizado en exceso su contenido.

La delegación, formada por diez eurodiputados -siete de ellos españoles- ha comunicado que no se ha detectado "ningún tipo de fraude" en la ejecución de los fondos, pero ha exigido a las autoridades españolas más transparencia y que publiquen datos de ejecución con más frecuencia. 

El Gobierno dice que el 75% de los fondos europeos presupuestados "ya está en la economía", pero no aporta datos de pagos

Respecto a la ausencia de infracciones, Hohlmeier ha señalado que "lo único que no se ha cumplido hasta ahora es la reforma de las pensiones, que tenía que haberse presentado en diciembre". El Ejecutivo tenía que haber aprobado la segunda pata de la reforma a finales de diciembre del año pasado, pero tal y como recordó la Comisión Europea esos plazos son indicativos.

En todo caso, la jefa de la misión ha emplazado a España a que cumpla con la reforma, a riesgo de enfrentarse a "las consecuencias" si no lo hace. No obstante, la jefa de la misión ha señalado que, tras reunirse con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el martes, no tuvo la impresión de que el Gobierno "quiera quedarse de brazos cruzados" con este tema.

Hohlmeier se ha mostrado especialmente crítica con los datos de ejecución de los fondos que proporciona el Gobierno, que insiste en que tres de cada cuatro euros presupuestados en 2021 y 2022 ya han llegado a la economía real. "No existe la posibilidad de seguir todo el rastro de los desembolsos hasta el destinatario final, eso ahora no es posible", ha expresado la jefa de la delegación. "Seguimos sin saber dónde está el dinero. Recomendamos que se ofrezca un acceso mejor a la información para saber cuántos fondos hay disponibles, cómo se gastan exactamente y que se conozca detalladamente a los destinatarios", ha añadido la europarlamentaria alemana.

Dudas con la malversación

Donde Hohlmeier sí ha cargado las tintas ha sido al hablar de la reforma del delito de malversación aprobada el pasado mes de diciembre, que rebajó las penas en los supuestos en los que no existiera apropiación personal de lo malversado. La jefa de la misión ha exigido "tolerancia cero con la corrupción" y ha pedido explicaciones a los tres ministros con los que se ha entrevistado -Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá- sobre la reforma del delito. 

"En un código penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción. Pedimos que se asuma esa línea al 100%", ha agregado Hohlmeier. Un compromiso que el Gobierno ha suscrito, ha matizado la alemana. En todo caso, la propia Hohlmeier ha reconocido que la reforma de la malversación no era competencia de esta misión, formada a iniciativa de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, sino de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE).

Críticas a la misión

Preguntada por si en algún momento los miembros de la misión se han sentido presionados por el Gobierno o la Comisión Europea para ser más benevolentes en su análisis, Hohlmeier lo ha negado de plano. "Tengo la libertad de hablar con franqueza. Vamos con el ojo crítico puesto. No se nos ha presionado en ningún lugar", ha expresado.

La eurodiputada ha entrado también al trapo sobre la polémica surgida por las acusaciones de estar extralimitándose en las funciones de la misión. "Algunos se han pensado que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales no tenían derecho de crítica y verificación", ha señalado. "Al principio se nos dijo que los países eran receptores y que teníamos que callarnos. No, nosotros tenemos que verificar si el dinero del contribuyente se utiliza para beneficios de la gran mayoría de la población", ha agregado.

Sistemas de auditoría en marcha

Uno de los elementos que la misión del Europarlamento iba a escudriñar con lupa era el funcionamiento de los dos sistemas de auditoría de la ejecución de los fondos: el sistema CoFFEE (donde las administraciones y empresas deben compartir información de la gestión de los fondos) y Minerva (diseñado para evitar conflictos de interés). Hohlmeier ha podido constatar que los dos sistemas están operativos y funcionan, aunque sufren algunos retrasos.